Santo Domingo.– Un tribunal dominicano impuso medidas de coerción real por un monto cercano a los RD$300 millones contra varias empresas vinculadas a un conflicto judicial relacionado con los contratos para la instalación y operación de barcazas generadoras de electricidad en la provincia de Azua.
La decisión judicial busca garantizar el eventual cumplimiento de las obligaciones reclamadas por la parte querellante, en el marco de una demanda por presunto incumplimiento contractual derivada del desarrollo del proyecto energético.
El caso involucra a las sociedades Dynex Energy Group, Dynex Energy RD y a su representante en el país, quienes son señalados en la querella presentada por Transcaribbean Energy Partners & Consulting (TEPC). La empresa demandante sostiene que existió un incumplimiento de un acuerdo de exclusividad suscrito en 2018 para el desarrollo del proyecto de generación eléctrica que posteriormente dio origen a la instalación de las barcazas en Azua.
La resolución autoriza la adopción de medidas conservatorias sobre bienes de las empresas demandadas con el propósito de preservar los activos mientras avanza el proceso judicial, evitando que una eventual sentencia quede sin posibilidad de ejecución.
Hasta el momento, las empresas involucradas no han emitido una posición pública sobre la decisión del tribunal. El proceso continuará su curso conforme a las etapas establecidas por la legislación dominicana, mientras las partes presentan sus argumentos y pruebas ante la justicia.
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