Santo Domingo.– Los abogados de Hugo Beras y Jochi Gómez reaccionaron este viernes a la decisión judicial que ordena la apertura de juicio de fondo contra los implicados en la presunta red de corrupción administrativa y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Camaleón.
La abogada Laura Acosta, representante legal de Beras, afirmó que la decisión de la jueza constituye una etapa procesal y no una determinación definitiva sobre la culpabilidad de los acusados.
“Nunca se puede tomar un revés judicial como que se acabó el asunto”, expresó la jurista al valorar el fallo.
Acosta consideró que la magistrada emitió una decisión debidamente fundamentada y destacó la calidad del trabajo realizado durante el conocimiento de la audiencia preliminar.
“La jueza hizo su trabajo, porque cuando uno no logra lo que quiere, no puede acabar con la jueza. Eso está mal, sobre todo cuando los jueces hacen un gran trabajo”, manifestó.
Según explicó, la resolución establece que existen elementos probatorios suficientes para que el caso sea ventilado en un juicio de fondo, escenario en el que deberán debatirse las pruebas y determinarse la eventual responsabilidad penal de los imputados.
“La jueza lo que dice es que hay pruebas suficientes para ir a juicio. En el juicio de fondo se discutirán para saber si hay culpabilidad o no, porque la inocencia se mantiene. La presunción de inocencia es un derecho que se mantiene hasta que haya una decisión irrevocable”, sostuvo.
La abogada agregó que la defensa continuará utilizando los mecanismos legales disponibles y recordó que decisiones previas adoptadas en el proceso fueron posteriormente modificadas por tribunales superiores.
“Cuando la medida de coerción de Hugo Beras lo envió a Najayo, eso se revirtió. Así se revertirá esta acusación”, afirmó.
Por otro lado, la defensa de Jochi Gómez valoró la exclusión del cargo de terrorismo durante la fase preliminar del proceso, argumentando que no se presentaron evidencias que sustentaran la configuración de ese delito.
“El tipo penal de terrorismo fue excluido porque evidentemente no hubo ningún acto de terrorismo”, indicó.
Asimismo, cuestionó la acusación de estafa contra el Estado al considerar que no se ha demostrado la existencia de un perjuicio económico para la administración pública, elemento que calificó como indispensable para sustentar ese tipo penal.
“Aquí se habla de estafa contra el Estado, pero ¿dónde está el perjuicio? El elemento fundamental de la estafa es el perjuicio que se cause”, expresó.
La defensa sostuvo además que el Estado mantiene compromisos económicos pendientes derivados de contratos suscritos con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), por lo que entiende que no puede hablarse de pérdidas para el erario.
En relación con las contrataciones objeto de investigación, los abogados defendieron la legalidad de las adendas realizadas a los acuerdos administrativos y señalaron que uno de los puntos centrales del juicio será determinar la diferencia entre los resultados reflejados en auditorías y la ejecución real de los trabajos contratados.
Según explicaron, mientras una auditoría establecía una ejecución cercana al 20 %, la empresa contratista alegaba haber completado más del 90 % de los trabajos, pese a haber recibido pagos por aproximadamente 263 millones de pesos de un monto contractual considerablemente superior.
El caso continuará ahora la etapa de juicio de fondo, donde el Ministerio Público y las defensas presentarán sus pruebas y argumentos ante el tribunal correspondiente.
Leave a comment