Santo Domingo, República Dominicana. La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) expresó su rechazo a las modificaciones aprobadas por el Senado a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), al considerar que la iniciativa incrementa las cargas económicas sobre el sector comercial sin contar con estudios técnicos ni análisis de impacto que justifiquen su alcance.
La entidad sostuvo que las nuevas disposiciones representan una presión adicional para las empresas, en un contexto en el que el sector aún evalúa los efectos de recientes medidas tributarias y regulatorias. En ese sentido, advirtió que la reforma introduce obligaciones económicas que podrían afectar la competitividad, la inversión y la capacidad operativa de numerosos comercios en todo el país.
“La gestión adecuada de los residuos es una responsabilidad compartida que apoyamos plenamente. Sin embargo, las decisiones de política pública deben sustentarse en evidencia técnica, consultas amplias y evaluaciones rigurosas de impacto económico”, señaló la organización.
ONEC manifestó preocupación por la rapidez con que fue conocida la modificación legislativa, afirmando que el proceso no permitió una discusión suficiente con los sectores productivos directamente afectados. A juicio de la entidad, una reforma de esta naturaleza requiere un análisis integral que garantice equilibrio entre los objetivos ambientales y la sostenibilidad económica de las empresas.
Asimismo, la organización cuestionó que recursos concebidos para fines ambientales específicos puedan destinarse a cubrir otras necesidades presupuestarias, ya que esto podría desvirtuar el propósito original de la contribución y generar incertidumbre sobre el uso de los fondos recaudados.
La ONEC reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en la construcción de soluciones que fortalezcan la gestión de residuos y promuevan la sostenibilidad ambiental, pero insistió en que cualquier modificación normativa debe estar respaldada por criterios técnicos, transparencia y un proceso de consulta inclusivo.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a las autoridades y al Congreso Nacional para abrir espacios de diálogo que permitan revisar los alcances de la reforma y asegurar que las medidas adoptadas contribuyan efectivamente a los objetivos ambientales sin imponer cargas desproporcionadas al sector productivo.
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