Rusia intensifica la presión sobre las redes sociales al ordenar la captura del fundador de Telegram

Moscú. El Gobierno de Rusia elevó este miércoles su ofensiva contra las plataformas digitales al emitir una orden internacional de búsqueda y captura contra Pavel Durov, fundador y director ejecutivo de Telegram, a quien las autoridades acusan de colaborar con actividades terroristas mediante el uso de su plataforma.

La medida fue anunciada por el Servicio Federal de Seguridad (FSB), que sostiene que Telegram no eliminó contenidos presuntamente utilizados por servicios de inteligencia ucranianos y organizaciones catalogadas por Moscú como terroristas o extremistas para coordinar actos de sabotaje, terrorismo y ciberfraude dentro del territorio ruso. Según las autoridades, estas actividades habrían provocado víctimas y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con la legislación rusa, Durov podría enfrentar una condena de hasta cadena perpetua si es hallado culpable. El empresario, quien reside en Dubái y posee ciudadanía francesa y emiratí, ha rechazado anteriormente acusaciones similares, argumentando que Telegram cumple con las obligaciones legales de cooperación con las autoridades y que las acciones en su contra responden a presiones políticas para limitar la privacidad y la libertad de expresión en internet.

La decisión representa un nuevo capítulo en el prolongado enfrentamiento entre el Kremlin y Telegram. Aunque la plataforma ha enfrentado restricciones en Rusia y muchos usuarios recurren a redes privadas virtuales (VPN) para acceder al servicio, diversos organismos oficiales y figuras gubernamentales continúan utilizándola como canal de comunicación. Paralelamente, Moscú impulsa el uso de aplicaciones nacionales como MAX, desarrollada como alternativa local.

La orden de captura también se produce mientras Durov continúa enfrentando investigaciones en Francia relacionadas con la moderación de contenidos en Telegram, lo que incrementa la presión internacional sobre la compañía y reaviva el debate sobre el equilibrio entre la libertad de expresión, la privacidad digital y la responsabilidad de las plataformas frente a actividades ilícitas.